Un estudio de YouGov para IONOS publicado el 26 de junio muestra que el 35% de las pymes españolas planea invertir en inteligencia artificial durante 2026, trece puntos porcentuales por encima del 22% registrado en 2025. El 57% de ellas destinará hasta el 20% de su presupuesto de digitalización a esta categoría.
España se sitúa por delante de Reino Unido (31%) e Italia (32%) y ligeramente por debajo de Francia (36%). Los dos motores de la inversión son la eficiencia (47%) y liberar al equipo de tareas repetitivas (39%). El 48% exige cumplimiento legal al proveedor. El 27% requiere que sea europeo —un dato que ya anticipa la presión del AI Act sobre los criterios de compra.
El estudio mide intención de inversión, no retorno. Y ese gap importa. La evidencia acumulada en el mercado apunta a que la mayoría de proyectos de IA en empresa mediana no consigue los objetivos de negocio planteados al inicio. No por falta de herramientas —hay decenas disponibles a precios accesibles—. Por falta de rediseño del proceso que la herramienta debería mejorar.
Para una empresa que entra en el 35%: la pregunta crítica no es qué herramienta usar, sino en qué proceso concreto, con qué indicador medible en ocho semanas. Sin esa definición, la inversión se convierte en exploración sin fecha de retorno.
El dato del 27% que exige proveedor europeo es la señal más relevante para el mercado español. Anticipa que el AI Act y la soberanía de datos ya están influyendo en las decisiones de compra de las pymes, antes de que la normativa sea plenamente exigible.
Lo que hacer ahora: define un único caso de uso antes de aprobar cualquier partida. No un piloto de exploración: un caso con un proceso concreto, un responsable, una métrica y un plazo máximo de ocho semanas para verificar si el retorno aparece.
