El Consejo de Ministros aprobó el 26 de mayo el proyecto de Ley de IA en España: la norma adapta el Reglamento europeo al marco nacional y va ahora al Congreso para tramitación, con objetivo de aprobación definitiva antes del 2 de agosto.
Cualquier empresa española que use IA queda afectada: la norma exige inventariar los sistemas en uso, garantizar supervisión humana donde se tomen decisiones sobre personas y declarar el uso de chatbots. Las infracciones graves alcanzan 35 millones de euros o el 7% de la facturación global. Para pymes el régimen es proporcional, pero las obligaciones de transparencia aplican desde el primer día.
Lo que los comunicados oficiales no destacan: la ley aún no está en vigor y el Congreso puede modificarla. Pero el EU AI Act —que esta norma desarrolla— aplica plenamente el 2 de agosto. España añade su propio supervisor: la Agencia de Supervisión de IA (AESIA), con sede en A Coruña. Cuando llegue el primer requerimiento, quien no tenga el inventario listo lo aprenderá a las malas.
Acción concreta: antes del verano, enumera las herramientas de IA que usa tu equipo, qué decisiones toman y si existe supervisión humana real —no nominal— sobre cada una.
